El Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Legalidad ha sido adoptado por los gobernadores de los 32 Estados, los encargados de seguridad y prevención del delito del gabinete de Calderón, representantes del poder legislativo, el titular de la Suprema Corte de Justicia y miembros de colectivos ciudadanos de lucha contra la delincuencia.
Entre los más de 70 compromiso signados se encuentra el depuramiento de las fuerzas policiales - cuyo costo será de 1.500 millones de pesos mensuales (100.000 euros)-, una estrategia antisecuestro, nuevos centros penitenciarios con módulos especiales para secuestradores y un sistema de ubicación en tiempo real de los teléfonos móviles usados por los secuestradores.
Num país que se encontra há décadas refém da criminalidade, o Acordo Nacional pela Segurança e Legalidade celebrado no México é um marco histórico e exemplo para políticos, corpos judiciais e cidadãos de outros países.
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